AMERICA LATINA: OTRA VEZ UN GOBIERNO IMPOPULAR PROVOCA DECENAS DE MUERTES

 

Manifestantes, en su mayoría estudiantes, se atrincheran detrás de barricadas como forma de protestar y protegerse de la represión policial y parapolicial del régimen de Ortega. La crisis sociopolítica ha dejado ya 156 personas muertas, de acuerdo a las asociaciones de derechos humanos, a causa de unos enfrentamientos que llevan casi dos meses.

 

La jornada del jueves comenzó con un paro nacional de 24 horas convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y dejó 2 muertos, uno de ellos un chico de 15 años que recibió un disparo en el pecho en la ciudad de León. La huelga, de carácter simbólico, buscaba exigir el fin de la represión gubernamental de cara a la reanudación del diálogo nacional este viernes.

 

 

Sin embargo, la violenta represión estatal ha provocado que ahora miles de nicaragüenses busquen desesperadamente tramitar los documentos de migración para huir a países vecinos de América Central.

 

El aluvión de solicitudes de pasaportes se ha incrementado notablemente en las últimas dos semanas, mientras hombres encapuchados armados vagan por las calles durante la noche a bordo de furgonetas y motocicletas, infundiendo temor entre manifestantes y sectores antigubernamentales.

 

Las filas en oficinas de migración son interminables, ya que familias y jóvenes intentan partir en particular hacia Costa Rica, el destino principal de los nicaragüenses desde la guerra civil de los años ochenta entre los sandinistas del presidente Daniel Ortega y los contras respaldados por Estados Unidos.

 

Nubia Manzanares, una agente migratoria, le dijo a AFP que “miles de personas vienen a preguntar sobre el papeleo” cada día.

 

Según el analista y ex diputado de la oposición Eliseo Núñez, parte de la estrategia de Ortega es incitar al pánico para desencadenar la migración, especialmente de la clase media, un sector especialmente antigubernamental que representa una piedra en el zapato al mandatario que lleva más de 11 años en el poder.

 

La gran mayoría de las carreteras del país están bloqueadas por manifestantes; el transporte y comercio se encuentran casi paralizados, dejando más de 70 millones de dólares en pérdidas y hasta 150.000 empleos en peligro, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

 

Por su parte, la canciller de Costa Rica, Epsy Alejandra Campbell Barr, dijo la semana pasada que su gobierno está preparado para una afluencia masiva de nicaragüenses.

 

Ese país centroamericano también dijo días atrás que proporcionaría visas a familiares de diplomáticos acreditados en Nicaragua que quieran irse.

 

A pesar de las presiones sociales y políticas, todo parece indicar que Daniel Ortega está decidido a quedarse, y dispuesto a continuar los sangrientos enfrentamientos entre fuerzas armadas apoyadas por el gobierno y activistas que luchan con hondas y morteros caseros. “Sin importar el costo humano”, afirma Núñez, Ortega intentará “navegar entre los escombros y alcanzar el final”.

 

 

Fuente: Mercopress / Viernes, 15-06-2018 

 

 

COMO SE GESTÓ EL CONFLICTO

 

 

Daniel Ortega sigue bajo presión, pese a revocar medidas

 

El 23 de abril de 2018 AFP, en un despacho de la hora 9:14 AM informaba lo sigujiente:

 

(AFP) El presidente nicaragüense Daniel Ortega continuaba bajo presión este lunes, pese a que revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de violentas protestas, saqueos y choques con la policía que dejaron al menos 25 muertos.

 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a una marcha contra el gobierno para este lunes, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas insisten en que no cesarán su movimiento.

 

 

El domingo, Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

 

Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.

 

La reforma había sido una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar la estabilidad del quebrado sistema de pensiones de Nicaragua.

 

“Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente”, declaró a la AFP Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.

 

“Creemos que ya no hay espacio para el diálogo”, agregó Ramírez en una conversación telefónica.

 

Caos y saqueos

Las manifestaciones iniciadas por estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.

 

Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.

 

El gobierno recurrió a las fuerzas antimotines para controlar las protestas, y según los manifestantes, usaron armas de fuego en su contra.

 

Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que “esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas”.

 

La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación de parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.

 

“Exigimos al gobierno nicaragüense el cese inmediato de la brutal arremetida contra los manifestantes y la población civil”, expresó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

 

Ambas organizaciones confirmaron que 25 personas murieron en el marco de las protestas, incluyendo menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.

 

 

El sábado, un periodista fue asesinado de un tiro mientras cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields.

 

Diálogo en entredicho

Antes de revocar la reforma al sistema de pensiones, Ortega había llamado a un diálogo con el sector privado para superar el impasse.

 

Sin embargo, el COSEP dijo en un comunicado que condiciona su partición en el diálogo al fin de la represión de manifestantes y de la censura de medios de prensa, así como a una amplia participación ciudadana en las conversaciones.

 

El estudiante Ramírez considera que la ola de muertes y censura desatada en los días de protesta cerraron la posibilidad de un diálogo.

 

“Ya no podemos aceptar más este gobierno, estamos protestando para que la pareja Ortega Murillo deje el poder”, sentenció Ramírez.

 

Sin embargo, el universitario reconoció que el movimiento que busca la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, carece de liderazgos y de planes para un futuro sin el actual mandatario.

 

A su juicio, los jóvenes que tomaron las calles no se sienten representados por los partidos opositores que se plegaron a Ortega los últimos años, ni por las cúpulas empresariales que lo apoyaron desde que volvió al gobierno en 2007.

 

“Desde la Revolución Sandinista de 1979, tenemos los mismos líderes políticos, ellos no dejan que surja nadie más. Nosotros queremos un liderazgo nuevo que nos represente a los jóvenes”, sostuvo Ramírez.

 

 

Fuente: Crhoy / AFP

Foto EFE

 

 

 

El 4 de mayo de 2018, desde Alfredo Zúñiga de la Agencia Associated Press, remitía a las redes la siguiente información:

 

Devolver el Estado de derecho a Nicaragua

 

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Un grupo de manifestantes protestó en las calles de Managua por las personas que fallecieron por la represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua Credit Alfredo Zúñiga/Associated Press

 

WASHINGTON — Durante más de una semana, al final del mes pasado, Nicaragua se vio sacudida por manifestaciones masivas, encabezadas por jóvenes que exigían el fin del gobierno corrupto del presidente Daniel Ortega. Las fuerzas de seguridad de Ortega, cuyo régimen está bajo presión, detuvieron a cientos de manifestantes y decenas de ellos perdieron la vida.

 

Las protestas terminaron después de que Ortega, con la intermediación de la Iglesia católica, acordó reunirse con la oposición, pero no se llegó a ningún acuerdo sobre cuándo se llevará a cabo ni qué se discutirá.

 

Para que la endeble democracia de Nicaragua tenga posibilidades de subsistir, los distintos grupos de la oposición deben unirse en una misma agenda para negociar con el presidente. Su objetivo deberá ser restablecer el Estado de derecho a través del fortalecimiento de instituciones independientes y democráticas. Su meta a largo plazo deberá ser la remoción de Ortega, pero mediante elecciones.

 

Los líderes empresariales de Nicaragua, los países vecinos y Estados Unidos deberán presionar a Ortega y sus aliados para asegurar que las negociaciones con la oposición inicien con buena fe. El fracaso para llegar a un acuerdo con Ortega resultará en más protestas callejeras y, finalmente, en más represión. Con rapidez, Nicaragua podría convertirse en otra Venezuela.

 

 

Los Cabos, un destino generoso y aventurero (EXPLORA NYTIMES.COM/ES)

 

 

Ortega llegó al poder después de que la Revolución sandinista de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza. Desde entonces, ha dominado la política nacional.

 

Desde el inicio de su mandato se condujo con autoritarismo: confiscó propiedades, encarceló y torturó a contrarrevolucionarios. Después de que, mediante unas elecciones, tuvo que dejar la presidencia en 1990, continuó siendo una amenaza tras bambalinas, con la intimidación y el chantaje a opositores políticos para asegurar su regreso.

 

Regresó a la presidencia en 2007 y, desde entonces, ha tenido un control casi absoluto sobre el Estado. El congreso, los tribunales, los medios, el ejército y la policía están bajo su control. En 2014, presionó a la Asamblea Nacional para eliminar los límites de los periodos presidenciales y desde el año pasado su esposa es la vicepresidenta. Mientras tanto, Nicaragua se ha convertido en uno de los países más pobres del hemisferio.

 

Ahora que los nicaragüenses han encontrado la valentía para mostrar su descontento con el gobierno de Ortega —y el presidente no ha podido eludir la aplicación de mano dura—, ¿cómo puede evitarse que el país se sumerja en el caos?

 

Ortega ha demostrado que no es inmune a la presión. En respuesta a las manifestaciones, anuló el plan de seguridad social que desencadenó las protestas y liberó a algunos de los manifestantes que fueron detenidos. La presión debe continuar.

 

La élite empresarial es un centro de poder clave. Muchos líderes empresariales han trabajado con el gobierno de Ortega para promover sus intereses a lo largo de los años, pero parece ser que la mayoría se ha puesto del lado de la oposición después de las medidas violentas del gobierno. Sin el apoyo de los grandes empresarios, la situación de Ortega es mucho más débil. Los líderes empresariales deberán seguir presionando al gobierno para que respete el Estado de derecho.

 

Estados Unidos también tiene un papel importante que desempeñar. En diciembre del año pasado, Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue sancionado con la ley Magnitsky —una legislación estadounidense que solía castigar a los violadores de los derechos humanos y corruptos de todo el mundo—, acusado de lavar dinero y conspirar para mantener a Ortega en el poder. Ahora la ley deberá usarse para imponer sanciones a los funcionarios del gobierno responsables de violar los derechos humanos en las protestas.

 

Debido a que Nicaragua es un beneficiario importante de la ayuda extranjera, los países donantes deberán exigir transparencia y rendición de cuentas al gobierno. La quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que llevó a imponer las reformas a las pensiones que desataron las protestas, es un ejemplo del mal manejo y la falta de transparencia del gobierno.

 

Aunque las manifestaciones recientes revelaron hasta dónde llega el descontento con Ortega, los grupos que protestaron no estaban unificados. La oposición fracturada no tiene un liderazgo claro ni ideas compartidas sobre cómo se debería remover del poder al presidente. Ortega, un político astuto, ya está sacando provecho de esta falta de unidad.

 

Los líderes de la oposición tendrían que ponerse de acuerdo para pedir tanto justicia por los actos recientes de violencia como una restauración limpia de las instituciones políticas del país. Por ahora no deberán exigir la renuncia del presidente, algo que resulta poco realista. Sin embargo, algunos de sus cómplices deben irse, incluyendo Rivas, a la cabeza de la CSE, y el jefe de la policía, quien autorizó la represión violenta en contra de los manifestantes.

 

Dado que la mayoría de los miembros del CSE y de la Corte Suprema de Justicia son aliados de Ortega, los negociadores de la oposición deberán centrase también en el restablecimiento de las reglas para la elección transparente de los magistrados de la corte, los miembros del órgano electoral y un nuevo jefe policial. Con estos cambios, las elecciones parlamentarias de 2019 pueden garantizar que la oposición participe en un terreno más equilibrado.

 

La negociación es el único camino a seguir. El autoritarismo y la violencia prolongados tendrán en Nicaragua las mismas repercusiones en seguridad, derechos humanos y migración que se han visto en Venezuela. Nadie quiere la descomposición total de Nicaragua.

 

Manuel Orozco es director del programa Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano.

 

 

Fuente: Associated Press

Por MANUEL OROZCO 04-04-2018