DURA POLÉMICA POR LAS DECLARACIONES JURADAS GREMIALES

 

La obligación para que todos los sindicalistas muestren sus bienes a través de una declaración jurada patrimonial fue eliminada del borrador de la Nueva Ley de Ética Pública.

 

El artículo, contundente, se había convertido en uno de los estandartes de la iniciativa que impulsa la gestión de Mauricio Macri. En tiempos donde hay varios popes gremiales presos por fortunas injustificables y otros dando explicaciones ante la Justicia, aparecía -en rigor- como una deuda de campaña de Cambiemos. 

 

Pero el artículo clave ya no está. Fue eliminado del proyecto que hace un mes espera la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego la del presidente, Mauricio Macri, para ser enviado al Congreso.

 

 

La decisión fue tomada hace seis semanas, sin embargo recién se les comunicó a los diputados de Cambiemos el martes en un encuentro en Casa Rosada, según reveló el portal Infobae.

 

 

En la reunión, estuvieron la titular de la OA, Laura Alonso; el Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el lilito Fernando Sánchez; y los diputados Silvia Lospennato y Pablo Tonelli, del PRO; Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la CC-ARI; Karina Banfi, de la UCR, y Graciela Ocaña, entre otros.

 

Todo transcurría sin mayores sobresaltos, hasta que la presentación del Powerpoint llegó a los sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas. 

"¿Por qué no están los sindicalistas?”, preguntó el diputado Juan Manuel López, una de las manos derechas de Carrió, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Clarín.

 

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Fue entonces cuando se les comunicó que esa parte había sido eliminada del borrador oficial. El contexto ayudó a verlo como un guiño a los principales líderes gremiales que hoy están en la mira de la opinión pública y también de la Justicia. Y también como un gesto amigable hacia a la CGT en vísperas de un diciembre caliente, con amenazas de paro y movilización siempre latentes. 

 

 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que se aguardaba la inminente presentación del proyecto, tras un año de debate, en los que hubo audiencias públicas con ONGs y representantes de los tres poderes; trabajos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la secretaría Legal y Técnica, y hasta un periodo en el que, a través de un sitio web oficial, los ciudadanos hicieron sus observaciones y críticas.

 

En todo ese camino, el borrador contuvo como uno de sus puntos principales que los líderes gremiales transparenten sus patrimonios. Es decir: digan cuánta plata tienen y cómo la consiguieron.

 

El problema surgió cuando se consultó área por área dentro del Gabinete. En Salud, por ejemplo, Adolfo Rubinstein dio el "ok" para que los titulares de obras sociales sindicales estén incluidos en la obligación, algo que se mantuvo en el borrador.

 

Cuando se escaló en torno a los jefes de los gremio, la respuesta no fue la misma. En la secretaría de Trabajo, que depende de Jorge Triaca y es la encargada del vínculo con los líderes del movimientos obrero, se desligan de la  decisión de sacar ese punto. “Nosotros no hicimos ese pedido”, afirmaron a Clarín.

 

“Desde que empezamos, trabajamos para transparentar el mundo gremial. Un ejemplo de eso es el proceso de auditorías que iniciamos para que las organizaciones gremiales presenten sus balances, registros de afiliados y toda la documentación que marca la ley”, dijeron.

 

La Nueva Ley de Ética Pública fue una de las promesas de Macri en su discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo. A 8 meses, todavía no se presentó, pero ya genera polémica.

 

“No es un tema cerrado”, fue la respuesta que le dio Marcos Peña a los presidentes de bloques legislativos de Cambiemos en otra reunión. Más allá de eso, el cambio -que beneficia a los gremialistas- generó tensiones internas dentro del oficialismo y presagia un debate caliente en el Congreso de la Nación.

 

 

La Secretaria General de la Coalición Cívica-ARI, la legisladora bonaerense Maricel Etchecoin, expresó su descontento en redes sociales. “Sería muy grave que el proyecto que envíe el Poder Ejecutivo no que los líderes sindicales presenten sus declaraciones juradas. Desde la CC-ARI vamos a insistir en su incorporación”, dijo en Twitter.

 

Elisa Carrió y Fernándo Sánchez. El ahora funcionario es uno de los cerebros detrás de la nueva Ley.

 

 

Contó con el apoyo de Elisa Carrió, que lo replicó un retuit. La líder de Cambiemos es autora de un proyecto, que presentó en 2016, para que titulares de sindicatos, de las obras sociales y de las cámaras empresariales transparentes sus patrimonios. Nunca se trató.

 

"Los sindicatos son instituciones que deben transparentarse para recuperar confianza frente a la sociedad", sentencian cerca de Lilita. 

 

En diálogo con Clarín, el diputado Pablo Tonelli explicó su postura favorable a la exclusión del artículo. “Más allá de las razones, coincido en que no es correcto que en Ley de Ética de funcionarios públicos se los incluya a los sindicalistas, que no lo son”, explicó.

 

 

Para el parlamentario del PRO, sí deben rendir cuentas quienes detenten la conducción de las obras sociales, debido al manejo de fondos públicos. 

 

“Me gustaría que los gremios fueran más transparente, pero para que presenten declaraciones juradas habría que incluirlo en una ley destinada a los sindicatos y obras sociales, no mezclarlos con funcionarios públicos”, sostuvo.

 

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La radical Karina Banfi, en tanto, aclaró que en la reunión que solo se discutió el borrador y dijo que no está cerrado el debate.

 

“Lo que se habló es cuál va a ser el alcance de la ley. Si se tiene como referencia Ley de Acceso a la Información Pública, vemos una resistencia grande en el mundo sindical, sobre todo sus representantes en el Congreso. Ellos se oponían en su momento a ser sujetos obligados a pedido de información”, resumió.

 

“El debate es si el alcance es sólo a funcionarios o a todo aquel que tenga responsabilidad sobre el erario público”, dijo y recordó que los sindicalistas ya están obligados a presentar radiografías de sus patrimonios desde el año 2000. “Las tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, pero por una reforma son a sobre cerrado”.

 

En otras palabras: es una declaración cuyo formato nadie conoce y cuyo contenido es secreto.

 

 

El proyecto de ley elaborado por Alonso, en conjunto con Fernando Sánchez, introduce un modelo de declaraciones juradas mucho más completo, ya que suma más datos de los patrimonios. Además de reincorporar a los cónyuges (algo que se eliminó en la gestión K), se tendrá -en caso de que sea aprobado- que detallar ubicación de inmuebles y otros aspectos.

 

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Pero lo novedoso es que los funcionarios deberán, también, hacer una declaración jurada de intereses.

 

En los más de tres años de gestión de Macri, según detalló el diario La Nación, la Oficina Anticorrupción abrió más de 80 expedientes sobre conflictos de intereses de funcionarios, entre ellos ministros como Aranguren (ex de Energía, por sus acciones en Shell) y Etchevehere (actual secretario de Estado, por su bono de la Sociedad Rural).

 

 

A raíz de esa problemática, la nueva ley obligará a los funcionarios de los tres poderes a rendir cuentas sobre para quiénes trabajaron antes o quiénes fueron sus clientes, por poner dos ejemplos.

 

Además, tiene una cláusula dedicada al nepotismo, para evitar el nombramiento de familiares directos. “Es el punto más odiado por funcionarios, jueces y fiscales”, confiaron a Clarín desde la Casa Rosada.

 

 

Fuente: CLARIN

02-11-2018