VENEZUELA: PREVALECEN LAS ORDENES DE CENSURA Y AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS

 

Además el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerció un acto de censura previa al declarar la prohibición de la promoción de abstención al voto para las elecciones presidenciales que se 

realizarán el próximo 20 mayo.

 

Otra de las violaciones fue cometida por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien expresó declaraciones agraviantes durante una aparición en el programa televisivo Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

 

 

 

El hecho más reciente ocurrió el domingo 22 de abril cuando la periodista y secretaria general del CNP Aragua, Amira Muci, fue agredida físicamente cuando realizaba su acostumbrado registro audiovisual en el Mercado libre de Maracay, para compartirlo a través de su cuenta periodística de Instagram, @Kurucuteando.

 

Muci, quien acude con frecuencia al principal mercado de Maracay, no solo como compradora sino también como periodista, grababa con su teléfono el costo de los productos que allí se 

expenden y narraba como ya es su costumbre, las impresiones que había recogido después del recorrido. Fue entonces cuando una señora de un puesto, se molestó y gritó que no podía grabar en ese lugar.

 

La periodista preguntó por qué no podía realizar la grabación a la trabajadora del establecimiento, y esta respondió que para hacerlo debía pedirle permiso primero. Muci le explicó que se 

trataba de un video general del mercado, y en ese momento comenzó a escuchar gritos: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está grabando!”. Inmediatamente después le lanzaron granos, pabilos y bolsas de condimento.

 

La secretaria general del CNP Aragua en su cuenta @kurucuteando, relató: “Sentí mucha impotencia y miedo también. Salí de ese pasillo y les confieso que estaba indignada, también 

intimidada. Llegué hasta el puesto del señor donde siempre compro el pollo. Él vio algo raro en mí, quizás la impotencia, la indignación o el susto reflejados en mi rostro”. Uno de los 

propietarios de un local dentro del mercado le prestó auxilio y le ofreció a la periodista, disculpas por el acto de intolerancia del que fue víctima.

 

“Afortunadamente la mayoría de la gente del Mercado Libre es amable, respetuosa, cordial y solidaria. Tengan la certeza que volveremos para seguir #Kurucuteando”, dijo en un post la 

periodista.

 

De acuerdo con los datos registrados por IPYS Venezuela, en 2017 hubo un total de 162 agresiones físicas contra equipos reporteriles que hacían cobertura de calle, 118 hechos de 

intimidaciones, y 61 cierres, suspensiones e incautaciones de medios de comunicación.

 

 

 

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que los medios de comunicación ingresaran a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), que se llevó a cabo el martes 17 de abril.

 

El hecho fue denunciado por los periodistas a través de Twitter, y aseguraron que fue el coronel Bladimir Humberto Lugo quien les negó la entrada. Ese día los diputados de la oposición 

convocaron a una discusión sobre el antejuicio de mérito del presidente de la República, Nicolás Maduro.

 

IPYS Venezuela rechaza las medidas que vulneren el libre ejercicio del periodismo y el derecho de acceso a la información. Los medios de comunicación tienen derecho al acceso a la cobertura de asuntos de interés público. De acuerdo con el principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio de comunicación e información.

 

 

Pese al impedimento de los funcionarios, el portal de noticias Caraota Digital informó que su equipo logró entrar a la Asamblea Nacional junto a los asistentes de los diputados, y que 

periodistas de El Venezolano TV también pudieron realizar su cobertura con pases en vivo.

 

 

El martes 17 de abril la periodista de política del diario regional La Verdad de Vargas, María Lourdes Arráez, fue desalojada de una rueda de prensa en la Casa Ministerial de Playa Grande tras una orden del gobernador de la entidad Jorge Luis García Carneiro, según informó el medio a través de su cuenta de Twitter.

 

En dicha publicación el diario La Verdad de Vargas, único medio impreso e independiente en dicha región, aseguró que se trata de un atropello que atenta no solo en contra de la periodista, sino de la legislación vigente que protege el derecho de acceso a la información.

 

María Arráez relató para IPYS Venezuela que el medio fue convocado para cubrir el inicio de la gira del Movimiento Somos Venezuela (MVS) en la Casa Ministerial, sin embargo, cuando estaba en la rueda de prensa se le acercó una funcionaria que hizo la petición de acompañarla. La funcionaria le informó que ella no podía estar presente en el evento porque tenía órdenes superiores para desalojarla.

 

Mientras Arráez pedía otra explicación, el asistente del gobernador de apellido Seijas, al percatarse de la situación, le gritó a la corresponsal “Sáquenlos, ustedes no pueden estar aquí”. El equipo del diario La Verdad se dispuso a salir del recinto para evitar más inconvenientes.

 

Arráez aseguró que no es la primera ocasión que tienen problemas con la gobernación y comentó que todo comenzó luego de la publicación de un reportaje sobre la avenida Bicentenaria de Vargas.

 

Este hecho se enmarca dentro del uso abusivo del poder estatal vinculado a una limitación arbitraria de acceso al lugar que impide la cobertura a periodistas y trabajadores de medios de 

asuntos de interés público.

 

 

 

A las 11:00 a.m. del martes 17 de abril, escoltas de la secretaria general de gobierno, María Elisa Chirinos, golpearon al camarógrafo del canal regional NVH Noticias, Marvin Bethancourt, en Cumaná, estado Sucre, según informó la periodista Nayrobis Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela en dicha entidad.

 

El hecho ocurrió en el primer piso del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), durante la cobertura de una protesta del personal médico y de enfermería. Los manifestantes denunciaban crisis sanitaria en el principal centro hospitalario de la entidad y reclamaban insumos y equipos médicos, así como mejoras salariales.

 

Marvin Bethancourt denunció ante IPYS Venezuela que tres funcionarios de seguridad de Chirinos y su esposo, Marcos Tellerías, le golpearon en el rostro causándole lesiones en el ojo derecho, le empujaron, lanzaron al piso y le dieron patadas.

 

Destacó que grababa parte de la protesta del personal de salud, así como un conflicto violento que surgió durante la manifestación en el cual una enfermera arrojó agua a Tellería y le exigió que desalojara el lugar ante la presencia de camiones con sonidos de propaganda política a favor del gobernador Edwin Rojas.

 

“Estaba haciendo mi trabajo, grabar la protesta. Me exigieron que no grabara, pedí respeto y me dijeron que no podía grabar. Uno de ellos puso la la mano en el lente de la cámara. Luego intentaron quitarme la cámara y romperla, me insultaron y me dieron un puñetazo en el ojo, me tiraron al piso y otro me dió una patada”, relató el camarógrafo para IPYS Venezuela.

 

Precisó que tras la agresión la protesta recrudeció porque los médicos rechazaron las acciones contra los trabajadores de la prensa. Bethancourt aseguró que los escoltas empujaron a las periodistas Luimar Jackeline Chacón, del canal NVH Noticias y a la periodista Hilianny Vásquez, del canal regional Plus Televisión. Todo eso fue en presencia de la secretaria de Gobierno, María Elisa Chirinos y de Marcos Tellería”, apuntó.

 

 

Fuente: IPYS

SNTP@sntpvenezuela

 

 

 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, quien presentó el jueves 12 de abril las normas especiales para la propaganda electoral en los medios de comunicación, declaró que los actores y partidos políticos tienen prohibida la promoción de abstención al voto en relación con las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 20 mayo.

 

Lucena señaló además que aquellos que incumplan con esta normativa serán sancionados. Asimismo, durante rueda de prensa la rectora del ente comicial expuso que las reglas son las 

siguientes: 1) Producir propaganda que desestimule el derecho al voto; 2) Hacer propaganda que promueva la guerra y discriminación; 3) Organizaciones no gubernamentales hagan 

propagandas electorales; 4) Utilización de imágenes de niños; 5) Colores y símbolos que identifique a una tolda política sin su permiso; 6) Promoción que dañe la salud mental de los 

ciudadanos; 7) Tomar fotografías al comprobante de votación; 8) Vigilancia de la campaña electoral por parte de fiscales electorales; 9) Presencia de testigos de los partidos políticos.

 

La rectora también informó que los candidatos a las elecciones van a contar con 3 y 4 minutos diarios para las propagandas de campaña en radio y televisión. Mientras que los postulantes a diputados para los consejos legislativos regionales y locales, tendrán solo 2 minutos.

 

IPYS Venezuela considera que esta limitación a la libertad de expresión se enmarca en un uso abusivo de poder de la función electoral. Pese a que esta prohibición está establecida en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tal medida constituye un acto de censura previa que va en contra de los estándares de la Constitución Nacional. Esta normativa 

establece en sus artículos 57 y 58 que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones, así como de buscar, recibir y difundir información oportuna, veraz e imparcial a través de cualquier medio de comunicación, sin que pueda establecerse censura.

 

De acuerdo con los estándares internacionales, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala en su Declaración Conjunta sobre Medios de comunicación y Elecciones que “deben derogarse las leyes que restringen de manera ilegítima la libertad de expresión, en contravención a las garantías internacionales y constitucionales. Cuando tales leyes aún se encuentren vigentes durante una campaña electoral, las autoridades deben aplicar las garantías constitucionales o internacionales que protegen la libertad de expresión”.

 

 

 

El miércoles 11 de abril el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los venezolanos a “desmontar la campaña de mentiras contra Venezuela, promovida por las corporaciones mediáticas de derecha nacional e internacional”.

 

Durante su alocución en el programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro señaló que estas campañas forman parte de un plan de los ejes “imperiales” para derrocar a la Revolución Bolivariana.

 

“La manipulación de guerra psicológica hay que denunciar, enfrentar y derrotar permanentemente”, agregó el jefe de Estado desde el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

 

Además el presidente Maduro, junto al constituyentista Diosdado Cabello, dijeron en el espacio televisivo que la publicación noticias falsas solo buscan justificar una intervención militar en Venezuela. “Todos los días nos atacan en los canales extranjeros, más de uno se confunde, debemos multiplicar nuestra verdad y ganemos, estamos destinados a la victoria”, señaló.

 

IPYS Venezuela expresa su preocupación ante la promoción de campañas de agravio que desacreditan la labor periodística y condicionan la expresión de los ciudadanos disidentes al gobierno. 

 

Estas acciones no solo violan los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión, sino que promueven la censura a través del poder discursivo, y obstaculizan el flujo informativo que surge de la opinión pública.

 

 

La noche del sábado 14 de abril un grupo armado intentó invadir las instalaciones de la sede del diario El Nacional, ubicada en El Silencio, Caracas, en donde operan actualmente las oficinas de la fundación Casa Uslar Pietri.

 

El presidente de la organización, Antonio Ecarri, denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter, y además responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de los daños que pudieran causar en las instalaciones.

 

Además Ecarri declaró a los medios que había una situación de rehenes, afirmando que estuvieron secuestrados los vigilantes y el conserje del edificio, Antonio Serrano. Luego de una hora Ecarri informó que funcionarios de la Policía Nacional lograron desalojar la invasión del grupo delincuencial.

 

Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, también culpó al gobierno nacional de los hechos ocurridos en la sede.

 

IPYS Venezuela reitera su rechazo a los ataques y acciones ilícitas por parte de individuos o grupos delictivos. Esta organización exhorta a las autoridades públicas a garantizar las condiciones necesarias para salvaguardar los bienes y recursos que sean propiedad privada del diario El Nacional y de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri.

 

 

 

Los médicos residentes que realizan sus estudios de postgrado en tres hospitales de Barquisimeto se encuentran en asamblea permanente desde el 2 de abril, con la consecuente paralización de consultas y cirugías electivas, como protesta por las deudas que mantienen con ellos desde diciembre del año 2017.

 

Dentro de sus actividades de calle, el jueves 12 de abril decidieron marchar desde el Colegio de Médicos, donde se reúnen a diario, hasta las afueras de las emergencias del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda y Hospital Universitario Pediátrico Agustín Zubillaga.

 

Los equipos de prensa del Periódico de Lara y de Promar TV acompañaron a los médicos en la caminata hasta los centros de salud. Al llegar, decidieron ir hasta la dirección del Hospital 

Central, debido a que Linda Amaro, directora regional de salud, se encontraba en el despacho con María Josefina García Lara, directora de la institución pública.

 

En ese momento, García Lara y su equipo quisieron impedir la protesta con una cadena humana, mientras la encargada de prensa gritaba a los periodistas presentes que no podían grabar y que se retiraran.

 

Los reporteros Ingmary Rodríguez, de Promar televisión, junto a su camarógrafo, así como Luis Marchán y su equipo de prensa del Periódico de Lara, no pudieron quedarse hasta el final de la protesta, en vista de la imposición. “Nos decían que tienen órdenes del Ministerio para no grabar”, dijo Rodríguez.

 

 

El equipo de la dirección regional de salud se dirigió a la sede de Promar televisión, para pedir la grabación de la protesta, según adujeron, para “sancionar a los médicos”.

 

Ingmary Rodríguez, quien tiene un familiar hospitalizado en la institución, también fue le pidieron que saliera del Hospital en días anteriores, cuando cuidaba a su ser querido.

“Les expliqué que no estaba trabajando, sino cuidando a mi abuela de 74 años, pero insistían que no podía estar ahí”, relató Rodríguez.

 

Luis Marchán dijo que aunque trataron de impedir la labor periodística, lograron el cometido y todo lo ocurrido fue publicado.

 

Estas situaciones han sido reiteradas con equipos de prensa de varios medios regionales, a quienes se les ha limitado su trabajo de informar sobre los temas que atañen a la sociedad.

 

 Maibort Petit@maibortpetit

 

Esta es la lista elaborada por régimen de Maduro de "los traidores a la patria" de los medios que esta bajo el resguardo del inspector José Gallardo. Falta un traidor allí y es Hermann Escarrá el constituyente que trabaja dicho delito en la ANC.En breve evidencias del traicionero.

20:10 - 10 abr. 2018

 

 

La periodista venezolana Maibort Petit difundió a través de su cuenta de Twitter la lista de 98 trabajadores de medios de comunicación perseguidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el martes 10 de abril de 2018.

 

El documento presuntamente emitido por el Sebin señala a Gustavo González López, director del organismo de seguridad, como el responsable de la orden de vigilancia de las redes sociales de los periodistas, desde el 7 de marzo hasta el 7 de abril de 2017, para detectar a los posibles “traidores a la patria”.

 

También señala que los comunicadores son buscados por la difusión de “noticias falsas” en los medios de comunicación y las redes sociales. Dicha lista habría sido elaborada en el marco de las protestas ciudadanas y conflictos sociopolíticos que a lo largo del 2017 coartaron los derechos comunicacionales en todo el país.

 

IPYS Venezuela reitera su preocupación ante la aplicación de estrategias de vigilancia en las redes sociales. Estas acciones oficiales solo amenazan los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los venezolanos.

 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha alertado sobre las consecuencias negativas que puede tener la vigilancia, la interceptación de comunicaciones y la recolección de datos personales sin consentimiento, en el ejercicio de derechos humanos de pensamiento y expresión de los ciudadanos.

 

Entre los periodistas mencionados en la lista se encuentran el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, el dueño del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, la periodista de CNN en Español, Osmary Hernández, y el fundador y director del portal de noticias Runrunes, Nelson Bocaranda, entre otros.

 

Fuente: La Patilla

Venezuela